ACERTADA RESOLUCION JUDICIAL DICTADA EN TIEMPO DE PANDEMIA

ABM


Circunstancias Fácticas - Acuerdo de Juicio Abreviado. Resolución del Tribunal Oral Criminal Federal N ° 2 - Consideraciones Finales.
*Por Alejo Osvaldo BASUALDO MOINE


I.-CIRCUNSTANCIAS FACTICAS: El 20/11/2019, aproximadamente a las 23.20 horas, personal policial procedió a la detención de la ciudadana uruguaya Yessica Mariel FERNANDEZ AGUILAR, que en la terminal de ómnibus del Barrio de Liniers (CABA), despachó en la bodega del micro de la Empresa “RAPIDO TATA”, una valija que contenía 2,20 kilos de cocaína con destino a la Ciudad de COLON, Provincia de Buenos Aires, hacía donde tenía planeado viajar.

Ante ello se dio intervención a la Justicia Federal competente, y, tras los mecanismos judiciales pertinentes, se dictó su procesamiento con prisión preventiva y se dispuso su alojamiento en el Complejo Federal IV.

En lo que aquí interesa, tal como se desprende del legajo, el procedimiento de prevención fue iniciado por la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, a raíz de un informe enviado por la DEA con sede en la República Argentina que advertía actividades de transporte de droga desde Argentina a Uruguay, concretamente con la utilización de mulas o correos, que se trasladan en micros desde Paysandú, Uruguay, a Colón, Entre Ríos, con destino final a la estación de ómnibus de Retiro. Asimismo, concretamente informó “el posible tráfico de materiales estupefacientes desde la República Argentina a la República Oriental del Uruguay, posiblemente realizado por Yessica Mariel FERNANDEZ AGUILAR, quien ingresaría al país el 20 de noviembre de 2019 por el Cruce Internacional Paysandú-Colón, en un vehículo marca Volkswagen, modelo Gol, Matrícula Uruguaya HAA 4824 y, desde allí, abordaría un micro de transporte de la Empresa “RAPIDO TATA” con destino a la Ciudad de Buenos Aires, donde luego de obtener el material estupefaciente, repetiría el ismo itinerario.

A raíz de esta información, se corroboró que la Sra. Yessica Mariel FERNANDEZ AGUILAR ingresó a Argentina el 20/11/2019, por el Cruce Internacional Paysandú-Colón conduciendo el automóvil “supra” referido, el cual dejó estacionado en la Ciudad de Colón (Entre Ríos), procediendo a abordar un micro para dirigirse a la ciudad de Buenos Aires, donde adquirió el estupefaciente a personas que no lograron ser identificadas.

El plan orquestado consistía en regresar en el mismo día a la Ciudad de Colón (Entre Ríos) desde la aludida terminal del Barrio de Liniers, lo cual se frustró pues fue detenida y se produjo el secuestro de la mercadería estupefaciente.

II.- ENCUADRE JURIDICO: Al prestar declaración indagatoria, la imputada expresó tener 26 años de edad, ser madre de tres hijos menores de edad, efectuar tareas como empleada en una pizzería y no registrar antecedentes penales.

En orden a la versión de los hechos manifestó que “esto lo hice por necesidad, ya que soy la única que sustento mi casa. Tengo que pagar cuentas, mantener a mis hijos y la plata que percibo en mi trabajo no me alcanza”. Mencionó que se contactó con la persona que le entregó la sustancia estupefaciente mediante mensajes de texto activados desde un teléfono celular.

La conducta atribuida a la procesada quedó encuadrada en el delito de transporte de estupefacientes en los términos del artículo 5 inciso “C” de la ley 23.737 (1), en calidad de autora (artículo 45 del Código Penal (2).

III.- ACUERDO DE JUICIO ABREVIADO: Previo al a bordaje del aspecto eminentemente jurídico, interesa poner de relieve que debido a la pandemia del CIVID-19, al decretarse por cuenta del Poder Ejecutivo Nacional el aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante los decretos números 325/2020 y 355/2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decretó Feria Extraordinaria mediante Acordada N ° 6/2020, la cual fue prorrogada mediante sus similares números 8/2020 y 10/2020. A su vez, y, en lo que aquí interesa, el punto resolutivo N ° 4 de la Acordada N ° 6/2020 de la CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL, posibilita la puesta en práctica de excepciones a los alcances recesivos de la aludida Feria Judicial Extraordinaria cuando fuere menester efectuar determinada actuación procesal en la medida en que “involucra a una persona que se encuentra detenida y que, en función de la pena solicitada, podría recuperar su libertad”.

Así las cosas, dentro de este marco excepcional, con fecha 15/04/2020, el Sr. Fiscal de juicio interviniente presenta un acuerdo de juicio abreviado.

De dicho acuerdo, se desprende que el Representante del Ministerio Público consideró -además de que la calificación debería ser Transporte de Estupefacientes (artículo 5 inciso “C” de la Ley 23.737) en grado de participación secundaria (artículo 46 del Código Penal) (3), que no resultaba factible sostener que la encausada hubiera realizado aportes indispensables, sin los cuales el hecho delictivo no habría podido cometerse, así como que habría recibido el material estupefaciente -a la postre, secuestrado en autos- de terceras personas que forman parte de una organización que todavía no se ha podido identificar.

Adquiere especial trascendencia que, a los fines de la mensuración de la pena, el acusador público ponderó como circunstancias atenuantes las condiciones personales socio económicas y culturales de la procesada, la ausencia de antecedentes condenatorios, recordando que los delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes tienen lugar en el marco de complejas redes y jerarquías sociales, donde los roles más bajos son desempeñados mayormente por mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad socio económica como sería el caso de la encartada en autos.

A esta altura interesa destacar que, en su postulación requirente, el Sr. Fiscal General, Titular ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, Dr. Diego S. LUCIANI, había solicitado al tribunal que se condene a la procesada Yessica Mariel FERNANDEZ AGUILAR a la pena de tres (3) años de prisión de efectivo cumplimiento, el pago de multa de 22,5 unidades fijas y las costas del proceso, por considerarla penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes en calidad de partícipe secundario (artículos 29 inciso 3° (4) y 46 del Código Penal, artículo 5 inciso “C” de la ley 23.737; artículos 403 (5), 431 bis (6), 530 (7) y 533 (8) del Código Procesal Penal de la Nación).

Añadió la petición que se proceda al decomiso de todos los elementos secuestrados así como de todas las cosas que han servido para cometer el hecho, dándoles el destino que pudiere corresponder (artículos 23 del Código Penal (9); 522 del Código Procesal Penal de la Nación (10) y 30 de la ley 23.737 (11); como, asimismo, la comunicación de lo que se resuelva con motivo del Acuerdo de Juicio Abreviado a la Dirección Nacional de Migraciones, según lo dispuesto en el artículo 62 in fine de la ley 25.871 (12).

El Sr. Fiscal indicó que el Dr. Santiago FINN, en su carácter de Titular de la Defensoría Pública N ° 5, le manifestó que le había explicado a su asistida los alcances del juicio abreviado, lo relativo a que conlleva el reconocimiento de la existencia del hecho imputado en el requerimiento de elevación a juicio su participación en él, su conformidad con la calificación legal recaída, la eventual imposición de una pena, ante lo cual, la Sra. FERNANDEZ AGUILAR prestó su consentimiento.

Empero, acordó con el Dr. FINN supeditar la validez del acuerdo a que, en oportunidad de efectuarse la audiencia de visu del artículo 431 bis del CPPN, por la vía virtual correspondiente, la imputada ratifique expresamente su conformidad para imprimir al presente proceso el trámite abreviado previsto en la norma indicada, así como también que ratifique su consentimiento con la condena y pena solicitadas.

Concerniente a la celebración de la audiencia por medios virtuales, siguiendo los lineamientos del los Poderes Ejecutivo y Judicial, consideró que pese a que la forma que se le imprimía al juicio abreviado difería de los ritos de estilo habituales, dado la situación de emergencia y el imperativo de cumplir con el distanciamiento social, devenía necesario que “los operadores del sistema de justicia aunemos los esfuerzos a los efectos de implementar aquellos procedimientos que, bajo la máxima irrenunciable de resguardar los derechos y garantías constitucionales que amparan a las personas sometidas a proceso, posibiliten brindar un adecuado sistema de justicia”.

Tras coincidir con la calificación asignada al hecho, discrepaba del grado de participación criminal atribuido, entendiendo que correspondía encuadrar la participación de la encartada como una colaboración secundaria en la realización del mismo tipo penal.

A los fines de mensuración de la pena, recordó que los delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes suelen ser desempeñados mayormente por mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad socio económica, como sería el caso de la imputada en esta causa.

Tras aludir a las circunstancias agravantes, configuradas esencialmente por el grado de afectación al bien jurídico tutelado y la cantidad de estupefaciente transportado, el Fiscal, Dr. LICIANI, solicitó al tribunal que se condene a Yessica Mariel FERNANDEZ AGUILAR a la pena de tres (3) años de prisión de efectivo cumplimiento, al pago de la multa de 22,5 unidades fijas y las costas del proceso por considerarla penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes en calidad de partícipe secundaria (de conformidad con los artículos 29 inciso 3° y 46 del Código Penal; artículo 5 inciso “C” de la ley 23.737; artículos 404, 431 bis, 530 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación).

Asimismo, solicitó el decomiso de los elementos secuestrados y la consabida comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones, en orden a la normativa “supra” indicada.

Posteriormente, el Dr. Santiago FINN presentó la ratificación del Acuerdo Abreviado, indicando que el Acta presentada es consecuencia de lo acordado entre las partes y que su defendida se encuentra en pleno conocimiento de todos sus términos y que prestó su consentimiento para que celebrara el acuerdo, así como que está dispuesta a ratificarlo en la oportunidad de celebrarse la audiencia de visu por los medios electrónicos dispuestos por el tribual.

IV.- RESOLUCION DEL TRIBUNAL FEDERAL ORAL CRIMINAL Federal N ° 2: Así las cosas, habiendo tomado conocimiento de visu de la acusada por los medios electrónicos el Magistrado interviniente, en su carácter de Juez de Cámara del T.O.C.F. N ° 2, al emitir su considerando señala que, dado las circunstancias actuales derivadas de la situación de emergencia sanitaria, el acuerdo presentado satisface los requisitos del artículo 431 bis del CPPN, añadiendo que ha sido planteado en legal tiempo y forma así como que la procesada ha admitido sus condiciones durante la audiencia celebrada en orden al hecho imputado y la pena pactada, que se encuentra dentro de los límites que la ley establece, razones por las cuales corresponde otorgarle debido tratamiento a aquel.

El juzgador recrea los hechos que emergen del legajo señalando que lo actuado halla suficiente respaldo en las pruebas producidas.

Destaca el pronunciamiento en trato que el Representante del Ministerio Público Fiscal calificó el hecho sub estudio como transporte de estupefacientes (artículo 5 inciso “C” de la ley 23.737) y que la participación de la encartada revestía el carácter de secundaria (artículo 46 del Código Penal).

Al respecto, el Representante de la vindicta pública expresó que no es posible sostener con el grado de certeza requerido en esta etapa del proceso que la encartada hubiera realizado aportes indispensables sin los cuales el delito no habría podido cometerse (artículo 45 del Código Penal) y que, habría recibido el material estupefaciente de terceras personas que forman parte de la organización y que aun no se ha podido identificar.

Asimismo, menciona el juzgador que como se desprende del legajo (ratificación del Acta por el Defensor Dr. Santiago FINN), la tipificación mereció la adhesión de la Sra. Yessica Mariel FERNANDEZ AGUILAR.

De allí que, al decir del juzgador, el acuerdo al que arribaron las partes deviene ajustado a derecho, según las constancias e informes agregados a la causa, valorados a la luz de la sana crítica racional (artículos 398, segundo párrafo (14) y 431 bis del CPPN.

Así las cosas, prosigue el juzgador destacando que la encartada deberá responder como partícipe secundaria penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes (artículo 5 inciso “C” de la ley 23.737 y 46 del Código Penal).

Advierte el pronunciamiento que no existen causas de justificación o inculpabilidad respecto de la conducta desplegada por la encartada, estando ausente toda causal de inimputabilidad que torne lícito o irreprochable el hecho típico investigado.

Previo a incursionar Enel monto de la pena a imponer, destaca el Magistrado que por imperativo del artículo 431 inciso 5° del CPPN (14), no es factible -en el supuesto de aceptarse la solución- una pena superior o más grave que la requerida por el Ministerio Público Fiscal.

Así, después de encuestar las circunstancias pertinentes a los fines de determinar la sanción a imponer, el Magistrado considera que en la individualización acordada no se advierte ningún error, arbitrariedad o desproporción, por lo cual entiende que corresponde tener presente la solicitud de las partes.

Luego el juzgador lucubra sobre el contexto de vulnerabilidad en la que se halla Yessica Mariel FERNANDEZ AGUILAR. Asimismo, alude a la colaboración que ella prestara para el esclarecimiento del hecho investigado, y, finalmente, pasa revista a las circunstancias agravantes conformadas por el grado de afectación del bien jurídico protegido y la cantidad de sustancia estupefaciente transportada.

Empero, el Magistrado disiente respecto a la modalidad del cumplimiento de la pena. Ello, toda vez que la encartada no registra antecedentes condenatorios, a lo cual cuadra añadir las condiciones de vulnerabilidad que la atraviesan.

En esa tesitura, el juzgador considera que se patentizan en el sub júdice los requisitos objetivos para imponer una condena de cumplimiento condicional, a cuyo efecto, invoca la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “SQUILARIO” del 08/08/2006.

En virtud de lo “supra” señalado, en fecha 17/04/2020, el juzgador RESUELVE: I.- Ordenar la inmediata libertad de Yessica Mariel FERNANDEZ AGUILAR; II.- Librar las ordenes de libertad a la PFA y al Complejo Penitenciario Federal IV;

III.- Condenar a dicha encartada a la pena de tres años de prisión en suspenso, multa de 15 unidades fijas, accesorias legales y al pago de las costas, por considerarla partícipe secundaria del delito de transporte de estupefacientes (artículo 5 inciso “C” de la ley 23.737); artículos 29 inciso 3° y 46 del Código Penal; artículos 403, 431 bis, 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación); asimismo, decide imponer a la encartada las pertinentes reglas de conducta (artículo 27 bis, incisos 1° y 2° del Código Penal (15) y destruir el material estupefaciente secuestrado (artículo 30 ley 23.737 (16). Luego, dispone diferir el tratamiento de los objetos secuestrados para su oportunidad (artículos 522, 523 (17) y 525 (18) del CPPN), y, notificar al Sr. Fiscal de Juicio interviniente y a la Defensa Oficial mediante cédula electrónica y a la encausada personalmente mediante coreo electrónico a su lugar de detención, y, tras las tramitaciones de rigor (libramiento de oficios y comunicaciones de estilo, se proceda a la formación del correspondiente legajo de ejecución penal y, oportunamente, Archívese.

V.- CONSIDERACIONES FINALES: La resolución judicial en trato, en la cual se homologa el acuerdo de juicio abreviado, se halla connotada de dos aristas de relevante trascendencia, según se detallará “infra”.

En primer término, en lo que atañe al aspecto relativo a la implementación, dado las actuales circunstancias derivadas del aislamiento social preventivo y obligatorio, toda la tramitación del segmento procesal convocante debió llevarse a cabo por vía electrónica, lo cual pone de relieve el consumado manejo de las herramientas cibernéticas por parte de los operadores judiciales que han intervenido en la especie.

En orden al abordaje de la faceta jurídica, tanto el titular de la vindicta pública, cuanto el juzgador, mediante un estilo aséptico, despojado de toda expresión altisonante, enfocan el conflicto con una mirada influida por la perspectiva de género que -en circunstancias como la convocante- propenden al pleno acceso a la justicia por cuenta de la mujer que se halla sometida a ella.

Así, el acusador público hizo referencia que los delitos relacionados con estupefacientes se desarrollan en el marco de complejas redes y jerarquías, donde los roles inferiores son mayormente desempeñados por mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad socio económica, tal como acontece en la causa convocante.

En esta misma orientación, el Magistrado actuante, en su condición de Juez de Cámara del T.O.C.F. N ° 2, efectúa consideraciones que enfocan el contexto de vulnerabilidad que atraviesa vivencialmente a la encausada, que, en definitiva, se erigen en preponderante coadyuvante para persuadirlo a que la pena de tres años de prisión se imponga en la modalidad de cumplimiento condicional.

NOTAS:

1.- Ley 23.737, art. 5° inc. c).

 Será reprimido con prisión de cuatro (4) a quince (15) años y multa de cuarenta y cinco (45) a novecientas (900) unidades fijas el que sin autorización o con destino ilegítimo:….c) c) Comercie con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte;”

2.- CP: art. 45.

Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo.”

3.- CP: art. 46.

Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, se aplicará reclusión de quince a veinte años y si fuere de prisión perpetua, se aplicará prisión de diez a quince años.”

4.- CP: art. 29 inc. 3°.

La sentencia condenatoria podrá ordenar:..inc. 3° el pago de las costas”.

5.- CPPN: art. 403.

La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad que correspondan y resolverá sobre el pago de las costas.

Dispondrá también, cuando la acción civil hubiere sido ejercida, la restitución del objeto materia del delito, la indemnización del daño causado y la forma en que deberán ser atendidas las respectivas obligaciones.

Sin embargo, podrá ordenarse la restitución aunque la acción no hubiese sido intentada.”

6.- CPPN: 431 bis.

1. Si el ministerio fiscal, en la oportunidad prevista en el artículo 346, estimare suficiente la imposición de una pena privativa de libertad inferior a seis (6) años, o de una no privativa de libertad aún procedente en forma conjunta con aquélla, podrá solicitar, al formular el requerimiento de elevación a juicio, que se proceda según este capítulo. En tal caso, deberá concretar expreso pedido de pena.

En las causas de competencia criminal (artículo 32), el acuerdo a que se refieren los incisos 1 y 2 del artículo 431 bis, podrá también celebrarse durante los actos preliminares del juicio, hasta el dictado del decreto de designación de audiencia para el debate (artículo 359).

2. Para que la solicitud sea admisible deberá estar acompañada de la conformidad del imputado, asistido por su defensor, sobre la existencia del hecho y la participación de aquel, descriptas en el requerimiento de elevación a juicio, y la calificación legal recaída.

A los fines de este artículo y en cualquier etapa del proceso, pero desde la aceptación del cargo del defensor designado, el fiscal podrá recibir en audiencia al imputado y a su defensor, de lo que se dejará simple constancia.

3. El juez elevará la solicitud y la conformidad prestada, sin otra diligencia, tribunal de juicio el que, tomará conocimiento de visu del imputado, y lo escuchará si éste quiere hacer alguna manifestación. Si el tribunal no rechaza la solicitud argumentando la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o su discrepancia fundada con la calificación legal admitida, llamará a autos para sentencia, que deberá dictarse en un plazo máximo de 10 días. Si hubiera querellante, previo a adopción de cualquiera de estas decisiones, le recabará su opinión, la que no será vinculante.

4. Si el tribunal de juicio rechaza el acuerdo de juicio abreviado, se procederá según las reglas del procedimiento común con arreglo a los artículos 354 ó 405, según corresponda, remitiéndose la causa al que le siga en turno.

En tal caso, la conformidad prestada por el imputado y su defensor no será tomada como un indicio en su contra, ni el pedido de pena formulado vincula al fiscal que actúe en el debate.

5. La sentencia deberá fundarse en las pruebas recibidas durante la instrucción, y en su caso en la admisión a que se refiere el punto 2, y no podrá imponer una pena superior o más grave que la pedida por el ministerio fiscal. Regirá el artículo 399.

6. Contra la sentencia será admisible el recurso de casación según las disposiciones comunes.

7. La acción civil no será resuelta en este procedimiento por juicio abreviado, salvo que exista un acuerdo entre las partes en tal sentido, aunque se podrá deducir en sede civil. Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrán interponer el recurso de casación en la medida que la sentencia pueda influir sobre el resultado de una reclamación civil posterior.

8. No regirá lo dispuesto en este artículo en los supuestos de conexión de causa, si el imputado no admitiere el requerimiento fiscal respecto de todos los delitos allí atribuidos, salvo que se haya dispuesto la separación de oficio (artículo 43).

Cuando hubiera varios imputados en la causa, el juicio abreviado sólo podrá aplicarse si todos ellos prestan su conformidad.”

7.- CPPN: 530.

Toda resolución que ponga término a la causa o a un incidente deberá resolver sobre el pago de las costas procesales.”

8.- CPPN: 533.

Las costas consistirán:

1°) En el pago de la tasa de justicia.

2°) En los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos.

3°) En los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa.”




9.- CP: art. 23.

En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.

Si las cosas son peligrosas para la seguridad común, el comiso puede ordenarse aunque afecte a terceros, salvo el derecho de éstos, si fueren de buena fe, a ser indemnizados.

Cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciará contra éstos.

Cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a título gratuito, el comiso se pronunciará contra éste.

Si el bien decomisado tuviere valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o de bien público, la autoridad nacional, provincial o municipal respectiva podrá disponer su entrega a esas entidades. Si así no fuere y tuviera valor comercial, aquélla dispondrá su enajenación. Si no tuviera valor lícito alguno, se lo destruirá.

En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los artículos 125, 125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libelad u objeto de explotación. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo, y el producido de las multas que se impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima. (Párrafo sustituido por art. 20 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

En caso de los delitos previstos en el artículo 213 ter y quáter y en el Título XIII del libro Segundo de éste Código, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. (Párrafo incorporado por art. 6º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)

Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través de una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario. (Párrafo incorporado por art. 6º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)

El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer.

El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obtaculizar la impunidad de sus partícipes. En todos los casos se deberá dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.”

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.815 B.O.1/12/2003)

10. CPP: art. 522.

Cuando la sentencia importe decomiso de algún objeto, el tribunal le dará el destino que corresponda según su naturaleza”

11. Ley 23.737, art. 30.

El juez dispondrá la destrucción por la autoridad nacional correspondiente de los estupefacientes en infracción o de los elementos destinados a su elaboración, salvo que pertenecieren a un tercero no responsable o que pudieran ser aprovechados por la misma autoridad, dejando expresa constancia del uso a atribuirles. Las especies vegetales de Papaver somniferum L, Erithroxylon coca Lam y Cannabis sativa L se destruirán por incineración.

En todos los casos, previamente, deberá practicarse una pericia para determinar su naturaleza, calidad y cantidad, conservando las muestras necesarias para la sustanciación de la causa o eventuales nuevas pericias, muestras que serán destruidas cuando el proceso haya concluido definitivamente.

A solicitud del Registro Nacional de Precursores Químicos establecido en el artículo 44, el juez entregará una muestra para la realización de una pericia para determinar la naturaleza y cantidades de los precursores y sustancias químicas presentes en la misma. Dicho procedimiento será realizado conforme a la reglamentación que se dicte al respecto.

La destrucción a que se refiere el párrafo primero se realizará en acto público dentro de los cinco (5) días siguientes de haberse practicado las correspondientes pericias y separación de muestras en presencia del juez o del secretario del juzgado y de dos (2) testigos y se invitará a las autoridades competentes del Poder Ejecutivo del área respectiva.

Se dejará constancia de la destrucción en acta que se agregará al expediente de la causa firmada por el juez o el secretario, testigos y funcionarios presentes.

Además se procederá al comiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho y que las circunstancias del caso o elementos objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá a la incautación del beneficio económico obtenido por el delito.”

(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 27.302 B.O. 8/11/2016)

12. Ley 25.871: art. 61 in-fine.

El PODER JUDICIAL y el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberán notificar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero, en el plazo de CINCO (5) días hábiles de producido. El incumplimiento será considerado falta grave en los términos del artículo 14, inciso “A”, apartado 7), de la Ley N° 24.937 (T.O. 1999) y sus modificatorias.”

(Artículo sustituido por art. 6º del 
Decreto Nº 70/2017 B.O. 30/01/2017. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)

13. CPPN: art. 398 segundo párrafo.

Los jueces emitirán su voto motivado sobre cada una de ellas en forma conjunta o en el orden que resulte de un sorteo que se hará en cada caso. El tribunal dictará sentencia por mayoría de votos, valorando las pruebas recibidas y los actos del debate conforme a las reglas de la sana crítica, haciéndose mención de las disidencias producidas.”

14. CPPN: art. 431 bis inc. 5°.

5. La sentencia deberá fundarse en las pruebas recibidas durante la instrucción, y en su caso en la admisión a que se refiere el punto 2, y no podrá imponer una pena superior o más grave que la pedida por el ministerio fiscal. Regirá el artículo 399.

15. CP: art. 27 bis, incs. 1° y 2°.

Al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, el Tribunal deberá disponer que, durante un plazo que fijará entre dos y cuatro años según la gravedad del delito, el condenado cumpla todas o alguna de las siguientes reglas de conducta, en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos:

1. Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.

2. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas.”

(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 24.316 B.O. 19/5/1994)

16. Ley 23.737: art. 30.

 El juez dispondrá la destrucción por la autoridad nacional correspondiente de los estupefacientes en infracción o de los elementos destinados a su elaboración, salvo que pertenecieren a un tercero no responsable o que pudieran ser aprovechados por la misma autoridad, dejando expresa constancia del uso a atribuirles. Las especies vegetales de Papaver somniferum L, Erithroxylon coca Lam y Cannabis sativa L se destruirán por incineración.

En todos los casos, previamente, deberá practicarse una pericia para determinar su naturaleza, calidad y cantidad, conservando las muestras necesarias para la sustanciación de la causa o eventuales nuevas pericias, muestras que serán destruidas cuando el proceso haya concluido definitivamente.

A solicitud del Registro Nacional de Precursores Químicos establecido en el artículo 44, el juez entregará una muestra para la realización de una pericia para determinar la naturaleza y cantidades de los precursores y sustancias químicas presentes en la misma. Dicho procedimiento será realizado conforme a la reglamentación que se dicte al respecto.

La destrucción a que se refiere el párrafo primero se realizará en acto público dentro de los cinco (5) días siguientes de haberse practicado las correspondientes pericias y separación de muestras en presencia del juez o del secretario del juzgado y de dos (2) testigos y se invitará a las autoridades competentes del Poder Ejecutivo del área respectiva.

Se dejará constancia de la destrucción en acta que se agregará al expediente de la causa firmada por el juez o el secretario, testigos y funcionarios presentes.

Además se procederá al comiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho y que las circunstancias del caso o elementos objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá a la incautación del beneficio económico obtenido por el delito.”

(Artículo sustituido por art. 6° de la 
Ley N° 27.302 B.O. 8/11/2016)

17. CPPN art. 523.

Las cosas secuestradas que no estuvieren sujetas a decomiso, restitución o embargo serán devueltas a quien se le secuestraron.

Si hubieran sido entregadas en depósito antes de la sentencia, se notificará al depositario la entrega definitiva.

Las cosas secuestradas de propiedad del condenado podrán ser retenidas en garantía de los gastos y costas del proceso y de las responsabilidades pecuniarias impuestas.”




18. CPPN: art. 525.

Cuando después de un (1) año de concluido el proceso nadie reclame o acredite tener derecho a la restitución de cosas, que no se secuestraron del poder de determinada persona, se dispondrá su decomiso.”

*Vocal del Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.